domingo, febrero 28, 2010

Si ejército y paramilitares del gobierno son entrenados e...






Pedro Echeverría V.

1. Ante el "creciente hostigamiento del gobierno federal", el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) impartirá a sus agremiados un taller de "resistencia civil pacífica". En el curso se difundirá información acerca de las garantías básicas y otros derechos constitucionales que salvaguardan, afirman los dirigentes del SME, el plan de acción de esta organización gremial, opositora a la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) hace casi cinco meses. También se discutirán estrategias defensivas, porque los integrantes de este sindicato, ante la criminalización de los movimientos sociales, la permanente hostilidad hacia los campamentos electricistas, advierten peligro creciente de represión contra líderes y representados que va desde el uso de la fuerza pública hasta el encarcelamiento de electricistas.

2. Tenían que ser los electricistas, los bisnietos de aquellos que en 1916 –antes que se proclamara la Constitución mexicana- se habían organizado para luchar por defender sus intereses, pero también los de México. La realidad es que no había escuchado que una organización política, menos sindical, dijera que impartirá a sus agremiados un "taller de resistencia civil pacífica". Claro, la derecha reaccionaria radical lo ha hecho sin decirlo, basta conocer la historia de los cristeros y de los sinarcas que prepararon ejércitos campesinos – a través de la alta jerarquía clerical- para enfrentar la Constitución y al gobierno. Pero lo que ahora harán los electricistas es fundamental, no sólo para ellos sino también para todos los sindicatos que están en lucha y que en todas sus manifestaciones han sido golpeados con violencia y encarcelados.

3. El gobierno mexicano, desde hace por lo menos cuatro sexenios, ha enviado a miles de soldados, jefes militares, incluso jóvenes para militares a escuelas de entrenamiento o capacitación. La famosísima "Escuela de las Américas" han entrenado a miles de asesinos, ¿qué decir del Pentágono, la CIA, el FBI, yanquis? Con el presupuesto público que con su trabajo hace el pueblo se preparan fuerzas militares para reprimir al mismo pueblo. Está jodidísimo, ¿no? Mientras más produces con tu trabajo y más disciplinado eres, más te explotan, oprimen y joden con la riqueza que creas. El ejército, las policías de todos colores, los jóvenes paramilitares que bien podrían bautizarse como "halcones", "brigadas blancas", "grupos armados anticomunistas", etcétera, han sido superentrenados para apuntalar al gobierno en turno. ¿Cómo defendernos de ellos?

4. Los obreros no se preparan para ejercer violencia alguna, sino simplemente para defender sus derechos sindicales en las instituciones y en la calle. No es nada ilegal defenderse, por el contrario es una obligación. ¿Contra qué defendernos de acuerdo a nuestra experiencia histórica? En primer lugar contra la represión de nuestras protestas ante la amenazadora cerrazón del gobierno. He estado en manifestaciones en Monterrey, en Puebla, en Oaxaca, Chiapas, en Cancún, en Mérida, en Chichén Itzá, en la ciudad de México y la constante ha sido que colocan vallas de metal de cuatro metros de altura –como está siempre amurallada la secretaría de Gobernación y tras ella varios cientos de militares, o bien colocan vallas de metro y medio y seis filas de soldados con sus escudos, además con caballos y perros atrás dispuestos a lanzar gases lacrimógenos.

5. ¿Qué hacer? ¿Irse a su casa a dormir y a llorar porque el gobierno es un hijo de puta? De ninguna manera hay que buscar tirar las cercas y romper el cordón militar que impide que ejerzamos nuestro derecho. Si nosotros dijéramos que "no se puede" le bastaría al gobierno hacer siempre lo mismo para acabar con todas las protestas y manifestaciones. En Oaxaca el 16 de junio logramos los profesores sacarlos del centro a las ocho de la mañana después que cuatro horas antes habían desbaratado nuestro plantón; meses después nuestra marcha del 25 de noviembre logró acordonar a los soldados que habían tomado los dos parques, la catedral y sus alrededores para hostigarlos; desafortunadamente algunos errores desataron la represión. En Monterrey le fue arrojado una carretilla de perros podridos al cerco de soldados.

6. La realidad es que los campesinos, los obreros, los estudiantes, nunca han sido violentos. Salen a manifestarse en las calles para gritar al gobierno y a los empresarios sus verdades, para llamar la atención de la opinión pública y para invitarla a que se sume al movimiento. Quienes siempre han respondido con violencia son los soldados y policías por órdenes superiores. ¿Cómo que de pronto nos bloquean para impedir el paso de nuestras protestas y nosotros no hacemos nada? Los campesinos de Atenco salieron siempre simbólicamente con sus machetes y, aunque jamás los usaron en sus marchas, se les tenía cierto respeto. Quizá en adelante los marchistas deban salir a la calle con sencillas y baratas máscaras antigases y con unas cabillas o maderas que les sirva para defenderse de los golpes y patadas de los policías y la agresión de los perros.

7. La preparación o capacitación de los electricistas y demás obreros para ejercer pacíficamente sus derechos, me recuerda una anécdota: aquí en México, por el año 1956, según el Che y otros líderes cubanos, se entrenaron o capacitaron los que dos o tres años después sería los dirigentes de la revolución cubana (Fidel y Raúl Castro, el Che). Un profesional, el Capitán del Ejercito Español Republicano, Alberto Bayo, autor de un folleto que se difundió a principios de los años sesenta en Latinoamérica, "Ciento cincuenta preguntas a un guerrillero", editado en 1959, fue un gran entrenador. Bayo no solo se basó en su propia experiencia sino en las enseñanzas de Mao y, según se ha escrito, 'Che', como el era llamado para entonces, se convirtió en su alumno estrella y se convirtió en un líder de la clase. Ellos se entrenaron para hacer una revolución, los electricistas sólo para defenderse.

pedroe@cablered.net.mx


CILAS ; CINISMO E IMPUNIDAD DEL GOBIERNO MEXICANO fRENTE ...






México, D.F., 28 de febrero de 2010

CINISMO E IMPUNIDAD DEL GOBIERNO MEXICANO
FRENTE AL DESEMPLEO Y LA POBREZA DE MILLONES

* Califica Javier Lozano de "normal" el aumento del desempleo

* Aumentan 40 por ciento salarios en el Ejército mientras a los salarios mínimos apenas incrementaron en 4.8 por ciento

* Organización y resistencia, únicos caminos para enfrentar la insensibilidad gubernamental


Empleo, salario que garantice una vida digna y respeto a la organización autónoma de las y los trabajadores son lo que menos importa a las autoridades federales mexicanas, empeñadas en mantener un régimen de privilegios a costa de la pobreza de millones. Así lo confirman las recientes declaraciones de diversas oficinas gubernamentales que califican de "normal" el desempleo y a priori criminalizan los movimientos sociales.


Durante enero unas 500 mil personas perdieron su empleo al incrementarse un punto porcentual la tasa de desempleo respecto al mes anterior, y ubicarse en 5.87 por ciento, según las siempre cuestionables cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con lo que aumenta a 2.7 millones la cifra de quienes carecen completamente de un puesto laboral.
Por ridículo que parezca, para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), esta situación es "normal" y por lo tanto no hay de que preocuparse porque es un fenómeno que se presenta año con año con la desaparición de los empleos temporales de la época navideña. Esto significa que la pobreza y desesperación de la gente es un fenómeno natural contenido en el proyecto económico neoliberal del gobierno mexicano.

La insensibilidad del gobierno calderonista y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano, es sabida pero llama a la indignación que el funcionario que por mandato constitucional debiera preocuparse por fomentar el empleo sea, precisamente, quien se ocupe de justificar la ineficiencia de la administración pública. Para millones de ciudadanas y ciudadanos esa ineficiencia provoca desesperación cuando se le suman el alza de precios, el bajo poder adquisitivo, el incremento de impuestos y la precarización del salario y prestaciones. Habrá que preguntarse si es normal también la pobreza de 50 millones de mexicanas y mexicanos y la miseria absoluta en que vive un tercio de la población.

Habrá que cuestionar si también es un fenómeno natural que no solamente no se cree el millón de empleos necesarios cada año, sino que, como el mismo gobierno lo acepta, medio millón se pierda en un solo mes.
Pero el cinismo y la impunidad con que se conduce la administración calderonista, de nuevo resaltamos, en particular el titular de la STPS , Javier Lozano, no podría ser más indignante cuando sin ningún recato ofrece todo el apoyo a Minera México en su diferendo con el Sindicato Minero.

Luego del absurdo jurídico de dar por terminadas las relaciones laborales en la mina de Cananea, cuando la huelga fue declarada legal y existente (y por lo tanto se reconocen las relaciones laborales), el funcionario saltó de inmediato a declarar que los Larrea, propietarios de Minera México, podían contratar a otros trabajadores bajo circunstancias distintas; claro, a favor de los patrones.
Por si esto fuera poco, la ofensiva contra los mineros se agudiza de una manera que por risible, no es menos dramática.

La Procuraduría General de la República (PGR), ha manifestado que no libera las cuentas bancarias del sindicato minero (en abierta intromisión a su libertad sindical en un acto anticonstitucional), porque "podrían utilizarlo para adquirir narcóticos".
Sin aportar prueba alguna que avale esa suposición, la dependencia y el juzgado quinto de distrito en materia de amparo cierran la pinza que pretende ahorcar definitivamente al sindicato minero, y con ello, dar un nuevo golpe al derecho de las y los trabajadores de organizarse. En contraparte a la imposición de topes salariales a las y los trabajadores mexicanos, que este año se circunscribió al 4.8 por ciento, es decir, 2.65 pesos diarios (que no compran ni un boleto del metro), en el salario mínimo, a los miembros del Ejército Mexicano se les aumenta 40 por ciento el salario.

Por supuesto que el pretexto oficial para ese aumento desmesurado es la lucha contra el narcotráfico, pero sin duda es también para asegurar la lealtad de los cuerpos represivos que cada vez son más utilizados para amedrentar y reprimir a los movimientos sociales, como en el caso de la huelga de Cananea que durante los 30 meses ha resistido el agobio y la amenaza del asalto de las fuerzas armadas para entregar la mina a los patrones.

A medida que la crisis económica avanza, distintos sectores de la población que se movilizan y resisten contra los atropellos; incluso, aquellos pobladores que se han visto afectados gravemente por fenómenos naturales y que al no recibir del estado la ayuda a que está obligado se manifiestan, como en el caso de Valle de Chalco, recientemente, son víctimas del uso desmedido de la fuerza tanto de las policías como del ejército.
Felipe Calderón ha hecho de la fuerza su único argumento de gobierno frente a los movimientos populares y de ahí su necesidad de privilegiar a las fuerzas armadas, mientras sume en la mayor pobreza a las y los trabajadores mexicanos.

Es clara, en resumen, la insensibilidad del gobierno mexicano a las demandas de empleo y vida digna de millones de mexicanos; es clara su intención de hacer que, como siempre, sean las y los trabajadores, los más pobres, quienes paguen los costos de la crisis que nació desde el poder financiero y de las jerarquías neoliberales mexicanas. Frente a este panorama de irresponsabilidad, a las y los trabajadores mexicanos, a la ciudadanía en general no nos queda más camino que el de la organización y la resistencia para obligar cambios sustanciales en favor de los millones que siguen en la miseria y los que a causa de la política neoliberal del gobierno se incorporan cada año a la pobreza.

Ante la impunidad y cinismo de personajes como Javier Lozano, vocero de los patrones, queda solamente la movilización.
Así lo demuestran las expresiones de solidaridad con que se ha volcado la sociedad en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas y de los cinturones de paz y seguridad en Cananea, para evitar la toma de la mina por parte del Ejército.

La columna de Ibarra Aguirre......




Utopía

"Absolutamente a nadie"

Eduardo Ibarra Aguirre

Durante el sexenio del cambio (en reversa), el de la afamada –y no precisamente por buenas razones--, pareja presidencial, Vicente Fox Quesada y Martha María Sahagún Jiménez conquistaron a pulso la percepción de que con su indolente actitud ante el narcotráfico protegieron al cártel de Sinaloa.

Cierta o no la protección a Joaquín Guzmán Loera, el número 701 entre los más ricos de la aldea global –de acuerdo a Forbes--, se fugó del penal de alta seguridad a partir de entonces conocido como Puerta Grande, el 19 de enero de 2001. A 50 días del nuevo gobierno.

Ahora que cursa el cuarto año de gobierno, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa es portador del mismo delicadísimo señalamiento, gracias a la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, la estrategia predilecta del gobierno para Vivir mejor, aunque casi todos los índices socioeconómicos demuestren exactamente lo contrario.

La percepción es tan extendida que las críticas provienen de hombres y mujeres vinculados al Partido Acción Nacional y su gobierno de Las manos limpias. La más documentada y valiente la comentamos aquí en base a los juicios que dio Manuel Clouthier Carrillo para Proceso a través de Álvaro Delgado.

Transcurrieron dos semanas de linchamiento al legislador federal y empresario periodístico de Sinaloa porque en dos palabras –"cabrón irresponsable", dichas con "ánimo descriptivo", aclara ahora--, resumió el drama que padecen, merced a la que denomina narcopolítica sinaloense, a "la camarilla mafiosa en el poder" que está "aliada con el crimen organizado" y que "nos está convirtiendo en el excusado del país". Es notable, por cierto, el esfuerzo político y mediático que realizan desde Los Pinos y el gobierno de Morelos para limpiar la imagen de Marco Antonio Adame Castillo, tras el asesinato de Arturo Beltrán Leyva con alevosía y ventaja de la Marina.

"No está solo" (Clouthier), respondieron los empresarios de Sinaloa frente a la embestida de los señores de Camisas azules, manos negras (Ana Lilia Pérez Mendoza dixit), aseguran que "Es imposible en Sinaloa seguir tapando el sol con un dedo" y claman por "acciones con el apoyo decidido del gobierno federal". Emplazarán a Calderón Hinojosa para que… ¡visite Sinaloa!

Al día siguiente, la irritación del solicitado visitante –como si su faraónica y represiva presencia, por ejemplo en Ciudad Juárez, resolviera algún problema--, llegó a un punto culminante. Es "absolutamente falso" que se proteja a El chapo Guzmán. "A todos les hemos causado golpes importantes en su estructura operacional, financiera y de liderazgo". Y ejemplificó en forma reiterada con lo que bautizó como "cártel del Pacífico". La dependencia de Fernando Francisco Gómez Mont Urueta brindó los porcentajes sobre los golpes propinados a los cárteles con detenciones y que van del 5 hasta el 27 por ciento, lo que alimenta aún más la suspicacia ciudadana.

Es de recomendarse a los asesores de Calderón que lo introduzcan en cursos intensivos para que no asuma como asunto personal la crítica y el debate sobre su estrategia antinarcóticos militarista y policiaca.

"Le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y metió a todos los mexicanos en esta terrible situación de inseguridad y de violencia", dice gráficamente Andrés Manuel López Obrador.

Es evidente que el michoacano está revisando sus políticas, como lo anunció desde Washington, con injerencista anticipación, el embajador de Estado Unidos en México. Ojalá y voltee hacia Holanda e Inglaterra para que se entere de las estrategias que privilegian el combate al consumo y conciben la adicción como un asunto de salud pública.

Acuse de recibo

Luis Ernesto Haro (luisern45@hotmail.com) opina lo siguiente: "Es verdaderamente lamentable que usted se llame periodista realizando una práctica nefasta como el querer sacar dinero del gobierno. En su columna Utopía usted alega un boicot de parte del gobierno federal, es decir, asegura que coartan su libertad de expresión cuando es sabido que usted recibía dinero de parte de la Federación y ahora que ya no se lo dan arremete contra ellos. Cómo es posible que pida que respeten su 'libertad' cuando ha golpeado con sus críticas a su cliente (gobierno), cualquier persona en su sano juicio sabría que esto le traería consecuencias como es el dejar de recibir su respectivo chayo. Usted lo que quiere es seguir viviendo del gobierno y aparte fregarlo, no puede ser que ahora hasta tenga la indecencia de pedir cooperación para un 'periodismo libre', ¿no será que extraña la gran vida que se daba con el dinero recibido del gobierno, y ahora quiere sacar lo que le falta mediante algunos ilusos que cooperen con usted? Yo le recomendaría mejor no seguir devaluando la profesión del periodista y mejor ponerse a trabajar congruentemente, comunicadores como usted no necesitamos en México. Espero que tenga el valor de poner esta crítica en alguna de sus columnas y dar una respuesta clara, pues es claro que sólo habla lo que le conviene y cuando le conviene". ¡Sin comentarios!

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Se incrementa espionaje telefónico y cibernético del Cisen


Zósimo Camacho

Actualmente, las llamadas telefónicas y las cuentas de correo electrónico de al menos nueve personas son escudriñadas legalmente por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Se trata de las intervenciones de comunicaciones que el Poder Judicial autorizó al organismo de inteligencia civil del Estado mexicano en los últimos cinco meses. Pero desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, en febrero de 2005, los jueces han autorizado el espionaje telefónico y cibernético contra 72 personas, y han rechazado la intervención contra cinco; nada garantiza que la privacidad y el derecho a la intimidad de estas últimas hayan sido respetados por los espías del régimen

Desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha intervenido legalmente los teléfonos y las cuentas de correo electrónico de 72 personas. Toda comunicación realizada por estos medios quedó grabada en archivos digitales y fue analizada por los agentes del organismo de inteligencia civil del Estado mexicano.

Bajo la administración de Vicente Fox Quesada, el Cisen solicitó al Poder Judicial la autorización para intervenir las llamadas telefónicas y los correos electrónicos de 19 personas. Los jueces autorizaron 18 y negaron una. Se trató, en promedio, de menos de una petición por mes, desde febrero de 2005 –cuando entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional que autoriza la intervención de comunicaciones– hasta noviembre de 2006, cuando concluyó el sexenio de Vicente Fox.

En lo que va del régimen de Felipe Calderón, el organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación ha solicitado la autorización del Poder Judicial para espiar a 58 personas más, es decir, la tasa mensual se ha incrementado a más de 1.5 solicitudes por mes. Cuatro fueron rechazadas por los jueces. El resto, se permitieron.

La información se desprende de la respuesta del Cisen a la solicitud de información 0410000001310 presentada por Contralínea ante la Unidad de Enlace del "órgano de inteligencia civil al servicio del Estado mexicano", como se define en su página electrónica.


A diciembre de 2009 –menos de cinco años de vigencia de la Ley de Seguridad Nacional–, el Cisen había solicitado al Poder Judicial la autorización para intervenir las comunicaciones privadas de 77 personas. Sólo le negaron cinco solicitudes. La mayoría de las autorizaciones (55) fueron para intervenir tanto llamadas telefónicas como correos electrónicos; el resto (17), se refiere exclusivamente a llamadas telefónicas.

––Pero no se trata de las únicas escuchas que realiza el Cisen –señala Valeriano Ramírez, investigador adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Se trata de la legalización del espionaje que previamente se ha realizado contra ciertas personas y del que se busca solamente la certificación para que sea utilizado contra las mismas personas espiadas", agrega el politólogo y sociólogo.

Para el especialista en seguridad nacional Javier Oliva Posada –también catedrático de la FCPS de la UNAM–, resulta sorprendente que las escuchas legales signifiquen un "recurso tan poco utilizado" en un contexto de combate a la delincuencia organizada, que ha dejado más de 16 mil 500 muertes desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República.

Según el documento proporcionado por la Unidad de Enlace del Cisen, cada una de las intervenciones telefónicas y cibernéticas se ha desarrollado en un lapso de 180 días. En septiembre de 2005, a los ocho meses de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, el Poder Judicial de la Federación recibió de parte del Cisen la primera solicitud de intervención de comunicaciones. Los jueces federales autorizaron la intervención tanto de teléfonos como de correos electrónicos.

En diciembre de ese mismo año se autorizarían otras tres escuchas. En esta ocasión sólo se permitió el espionaje telefónico.

De enero a noviembre de 2006, el gobierno de Vicente Fox solicitó la intervención de las comunicaciones de 15 personas. Una le fue rechazada: se trataba de la solicitud de espionaje telefónico presentada en mayo. Las 14 restantes se realizaron por un periodo de 180 días: cuatro iniciaron en marzo de ese año (teléfonos y correos electrónicos); cuatro en abril (teléfonos y correos electrónicos); una en junio (sólo teléfonos); dos en agosto (teléfonos); dos en septiembre (teléfonos), y una en noviembre (teléfonos y correos electrónicos).

El gobierno de Felipe Calderón se estrenó, en diciembre de 2006, con dos autorizaciones para escuchar llamadas telefónicas e ingresar a cuentas de correo electrónico.

A lo largo de 2007, el Cisen, ya bajo la dirección de Guillermo Valdés Castellanos, solicitaría al Poder Judicial autorización para escuchar y leer las comunicaciones de 16 personas más. Ninguna le fue rechazada. Se trató de tres concedidas en marzo (teléfonos y cuentas de correo electrónico); una en abril (teléfonos y correos electrónicos); tres en junio (teléfonos y correos electrónicos); dos en julio (teléfonos); dos en agosto (teléfonos y correos electrónicos); una en septiembre (teléfonos); dos en octubre (teléfonos y correos electrónicos), y dos en noviembre (teléfonos y correos electrónicos).

Para 2008, el organismo civil de inteligencia del Estado mexicano presentó 19 solicitudes ante el Poder Judicial. De nueva cuenta, todas le fueron aceptadas: una en enero (teléfonos); una en marzo (teléfonos); tres en mayo (teléfonos y correos electrónicos); una en junio (teléfonos y correos electrónicos); una en julio (teléfonos y correos electrónicos); cuatro en septiembre (teléfonos y correos electrónicos); cuatro en octubre (teléfonos y correos electrónicos), y cuatro en diciembre (teléfonos y correos electrónicos).

Durante 2009, el Cisen presentó 21 solicitudes para intervenir teléfonos y cuentas de correo electrónico. Cuatro le fueron negadas y de 17 recibió el visto bueno. En enero solicitó cuatro autorizaciones, de las que le concedieron dos (teléfonos); en febrero, una (teléfonos y correos electrónicos); en marzo, dos (teléfonos y correos electrónicos); en mayo presentó cuatro solicitudes y le concedieron tres (teléfonos y correos electrónicos); en octubre, tres (teléfonos y correos electrónicos), y en diciembre presentó siete solicitudes y le autorizaron seis (teléfonos y correos electrónicos).

El fundamento jurídico de las escuchas telefónicas y la penetración de cuentas de correo electrónico se encuentra en el capítulo II "De las intervenciones de las comunicaciones" de la Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005.

El artículo 34 define las intervenciones de comunicaciones como "la toma, escucha, monitoreo, grabación o registro, que hace una instancia autorizada, de comunicaciones privadas de cualquier tipo y por cualquier medio, aparato o tecnología".

En el artículo 36 se establece que las escuchas "no tendrán naturaleza contenciosa y sus constancias procesales carecerán de valor probatorio en procedimientos judiciales o administrativos".

La propia ley dispone que las escuchas sólo podrán autorizarse "en los casos de amenaza inminente" a la seguridad nacional, y señala –en el artículo 31– que en la "producción de inteligencia, las instancias gozarán de autonomía técnica y podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso las garantías individuales ni los derechos humanos".

Las disposiciones resultan contradictorias para el sociólogo y maestro en ciencia política Valeriano Ramírez. "Al efectuar las escuchas se vulneran las garantías individuales y los derechos fundamentales del ser humano; y no sólo las de la persona investigada, sino de quienes interactúan con él y que nada tienen que ver con las supuestas investigaciones: su pareja, sus familiares, sus amigos. Se trata de una vulneración a los derechos humanos, aunque sea un mecanismo legalizado por la Ley de Seguridad Nacional".

Al respecto, Javier Oliva, doctor en ciencia política, maestro en estudios latinoamericanos y especialista en seguridad nacional, señala que "el recurso" del espionaje telefónico siempre ha estado ligado a los regímenes autoritarios.

Considera que la inteligencia y sus mecanismos son necesarios para cualquier Estado, pero para que puedan utilizarse con eficacia y respeto a los derechos humanos se debe contar con una reglamentación clara. En México, "hay vacíos jurídicos" que hacen posible el espionaje con fines que no son los de la nación.



Intervención de comunicaciones por sexenio:

Vicente Fox: 18

Felipe Calderón: 54


Contralínea 171 / 28 de Febrero de 2010


Millones del erario a maquiladora que viola LFT





Érika Ramírez

Confecciones Mazara, maquiladora evidenciada de violar la Ley Federal del Trabajo y cometer actos de discriminación laboral –mediante un informe de la organización estadunidense Worker Rights Consortium–, es beneficiada con más de 4.5 millones de pesos provenientes del erario. Las aportaciones se entregaron a través de programas operados por la Secretaría de Economía y el Conacyt durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón

Érika Ramírez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados

Tehuacán, Puebla. Emelia ha trabajado en casi todas las maquilas de esta ciudad y, dice, "siempre es lo mismo: ¡el trato es horrible!" Suelta una carcajada, se encoje de hombros y lleva sus dos manos a la boca, como quien acaba de decir algo indebido. Luego, trata de esconder el rostro entre sus compañeras.

Tiene 42 años de edad y 23 de ejercer el oficio de costurera. Se las sabe todas. Ha cosido mezclilla de todas las marcas, nacionales y extranjeras: Guess, Levi's, Polo, Gap, Tommy, y ahora "las patito".

Originaria del pueblo de Santa Isabel Tlanepantla, Puebla, Emelia "lucha" ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para obtener el pago de su liquidación, aguinaldo y prima vacacional. La cantidad que deberá saldar su antiguo patrón es de 1 mil 300 pesos, misma que podrían llegar a un "ajuste" en caso de "conciliar" ante las autoridades.

A cargo de sus padres de origen campesino –ella de 63 años y él de 70–, a Emelia le apremia el pago de sus últimos días de trabajo en la maquila. Tiene pocos días para cubrir el monto de los impuestos, antes de que le corten el agua o la administración municipal inicie con el cobro de multas por atraso. Quedó atrás la nostalgia de las fiestas navideñas "en las que no hubo dinero para comprar la cena del 25 (Navidad)", platica.

En retahíla expone la vida al interior de esas empresas amuralladas que invaden esta ciudad poblana. Adentro "todo es estrés, gritos, acoso, maltratos, discriminación, casi un secuestro, pero es difícil salir de ahí porque es lo único que sabemos hacer", dice mientras frota sus manos regordetas y maltratadas.

Cuando alguien deja una maquila, busca otra. No hay más opciones: el nivel de escolaridad de hombres y mujeres que ahí llegan no rebasa los estudios de primaria, son indígenas que hablan poco español, sus condiciones económicas son precarias.

En la mayoría de estas fábricas no existe la firma de un contrato laboral, sindicato, prestaciones económicas ni sociales. "Si se te ocurre comenzar a exigir tus derechos, te ponen en una lista negra que circula en todas las fábricas para que ya no te acepten en ninguna. Se acabó el trabajo", dice encolerizada.

Hace apenas dos años, el Consorcio de los Derechos del Trabajador (WRC, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una investigación en la planta Confecciones Mazara. Los resultados arrojaron que en esta fábrica se atenta contra los derechos laborales, de agrupación sindical, de salud y de seguridad ocupacional.

Sin embargo, Confecciones Mazara es una de las industrias que ha obtenido beneficios de la hacienda pública por 4 millones 561 mil 789 pesos, según revelan padrones de programas operados en las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada.

Los hallazgos

Dominada por unos cuantos consorcios, la manufactura de exportaciones en Tehuacán es "propiedad de algunas familias mexicanas que son parte de la elite local, y una prominente familia de fabricantes de prendas de vestir de Los Ángeles", explica el documento Tehuacán: del calzón de manta a los blue jeans, elaborado por Martín Amaru Barrios Hernández y Rodrigo Santiago Hernández, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán.

Entre estos grandes consorcios ?expone el informe elaborado de manera conjunta con la Red de Solidaridad de la Maquila, con sede en Canadá? se encuentran: Grupo Navarra, AZT International, Tarrant Apparel Group, y Mazara, quienes tienen relaciones directas con tiendas comercializadoras de marcas estadunidenses. Además, las empresas, que tienen trato directo con las marcas o con sus contratistas, son las más grandes de la región y las que más fuerza laboral emplean.

En el caso de Confecciones Mazara, el WRC llevó a cabo una investigación del ambiente laboral en esta maquiladora con el fin de llevar a cabo un monitoreo para verificar la ordenanza "libre de sudor" que deben acatar todas las empresas proveedoras de productos a la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Y es que la maquiladora radicada en el municipio poblano es fabricante de diversos tipos de uniformes que comercializa la Corporación Williamson-Dickie, quien a su vez vende a la administración local estadunidense.

Entre los "hallazgos" reportados por el organismo internacional ?presentados el 11 de septiembre de 2008?, se encuentra la llamada lista negra. Con ésta, Confecciones Mazara "sometió a los trabajadores que estaban solicitando trabajo a una serie de mecanismos de selección".

Los dispositivos permitieron que el personal de Recursos Humanos excluyera de obtener el empleo a los simpatizantes del sindicato que pretendieron conformar los trabajadores de la empresa Vaqueros Navarra, antes de que ésta anunciara su liquidación.

"El uso de la lista negra con trabajadores por haber participado en activismo sindical representa una violación a la ley mexicana y, por ende, viola los requisitos de la ordenanza "Libre de Sudor" de la ciudad (Los Ángeles, California)", precisa el informe del Consorcio de los Derechos del Trabajador.

El WRC también llevó a cabo una inspección in situ de la fábrica, en la que identificó varios problemas: falta de equipo protector para las máquinas de coser, carencia de servicios sanitarios adecuados y limpios, y ausencia de botiquines accesibles y claramente señalados.


Las evidencias

Para verificar el uso de la lista negra, el WRC entrevistó a 20 trabajadores que apoyaron al sindicato en Vaqueros Navarra, quienes posteriormente solicitaron trabajo en Confecciones Mazara.

Entre los mecanismos que utilizó la maquiladora para excluir de su planta laboral a los trabajadores que habían entrado en un activismo sindical, está la petición de una "constancia" expedida por sus antiguos empleadores. "Dado que no pudieron presentar este documento, sus solicitudes no fueron consideradas", dice el informe estadunidense.

Además, el WRC logró determinar que existía una lista negra física: con nombres de trabajadores que fueron catalogados como "problemáticos", misma que circula entre los dueños de las fábricas.

Lo anterior se contrapone con la Ley Federal del Trabajo, que en sus artículos 354 y 358 indica: "Reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones"; "a nadie se puede obligar a formar parte de un sindicado o a no formar parte de él".

De los problemas sanitarios, el organismo defensor de los derechos laborales constató que la fábrica no contaba con protectores de agujas en las máquinas de coser. Éstos son "una provisión básica de seguridad necesaria para que la operación de una máquina de coser sea segura porque protege a los trabajadores de una herida en sus dedos mientras pasan la tela debajo de la aguja", dice el WRC.

Ante esta situación, la gerencia de la maquila (indica el informe) "reconoció el problema, pero dijo que en un momento las máquinas tuvieron los protectores y que los trabajadores mismos los habían quitado.

"Siendo o no cierto, este equipo protector es esencial para la seguridad de los trabajadores y la compañía tiene la obligación de reponer, de inmediato, cualquier protector que haya sido dañado o removido", observa la organización.

El artículo 36 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo precisa: "Todas las partes móviles de la maquinaria y equipo y su protección, así como los recipientes sujetos a presión y generadores de vapor, deberán revisarse y someterse a mantenimiento preventivo y, en su caso, al correctivo, de acuerdo con las especificaciones de cada maquinaria y equipo.

"Para la operación y mantenimiento de las partes móviles a que se refiere el párrafo anterior, el patrón deberá contar con el programa de seguridad e higiene, mismo que dará a conocer al personal operativo de dicha maquinaria y equipo".

Además, los resultados de la inspección indican que no había condiciones de higiene en los servicios sanitarios. La fábrica tiene un servicio para 490 trabajadores. El WRC encontró que los servicios estaban sucios y en malas condiciones, "con un hedor tóxico que podía ser detectado en el pasillo fuera de los servicios".

En este caso, el mismo reglamento de higiene indica en su artículo 24 que "las áreas de tránsito con circulación peatonal y vehicular deberán ser independientes, delimitadas, señalizadas y cumplir con las características que establezcan las normas correspondientes".

De la visita a las instalaciones de Confecciones Mazara, también resultó que "aunque la fábrica tiene los botiquines, no están claramente señalados y no hay información de cómo acceder a primeros auxilios en caso de una emergencia". El mismo reglamento indica en el artículo 38 que "el patrón deberá contar con el personal, materiales y procedimientos necesarios para la atención de emergencias en maquinaria y equipo".

Historias compartidas

Carmen fue una de las que simpatizó con la formación de un sindicato independiente en Vaqueros Navarra. Ahora no deja que le tomen fotos y omite hacer algunos comentarios por temor a seguir en la lista negra.

Empezó a trabajar desde los 12 años, cuando sus manos delicadas eran perfectas para abotonar camisas con la mayor velocidad posible. Actualmente, a sus 29 años de edad, se siente orgullosa de haber progresado en la industria. Ahora maneja las máquinas de coser y se sabe una persona productiva.

Originaria de Eloxochitlán, Oaxaca, Carmen relata que sus padres vinieron en busca de un cambio de vida. Pretendían salir de la cruda miseria de su pueblo natal. "Pero yo creo que es igual o peor, allá teníamos tierras, aquí nada", dice melancólica.

Con apenas el tercer grado de primaria concluido, la mujer, que mantiene a su cargo a dos de sus hijos, sabe que no es fácil conseguir o mantener un trabajo después de haber intentado exigir sus derechos.

"La vida en la maquila es muy pesada", resume. Es empezar el día a las seis de la mañana para llegar en punto de las ocho a las instalaciones. Minutos de retraso pueden costar días de multa. La salida, estipulada a las cinco de la tarde, es mera suposición. Hay que sacar la producción, aunque no se cobren horas extras.

"Yo siempre he trabajado en las maquilas grandes, donde se hacen las camisas marca Polo, Tommy, Levi's, Guess", presume. Ahí había un mejor trato porque los patrones temían perder los contratos si se daban cuenta del maltrato hacia los trabajadores, dice.

De las maquilas que trabajaban para estas marcas, llegó a obtener un salario de hasta 1 mil 100 pesos semanales. Actualmente, trabaja para una empresa que "ni nombre tiene", en la que gana hasta 650 pesos cada siete días.

Emelia busca conseguir el pago de salarios atrasados, liquidación y prima vacacional. El monto alcanza 4 mil 400 pesos, equivalentes a un mes y medio de trabajo en la empresa donde actualmente labora. Sin embargo, teme que su juicio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje lleve algunas semanas o hasta meses, como ha sucedido en los casos de algunos de sus compañeros.

Los beneficios

No obstante las observaciones del organismo estadunidense, la administración de Felipe Calderón Hinojosa autorizó que Confecciones Mazara obtuviera beneficios económicos por más de 4.5 millones de pesos. La mayoría de los recursos se concedieron el mismo año en que fueron publicadas las violaciones a la Ley Federal del Trabajo y a los derechos laborales.

Las asignaciones por más de 2.1 millones de pesos a la maquiladora, propiedad de Alfonso Fernández Santiago, fueron entregadas a través del Programa para la Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca) y del Fondo de Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme), operados por el gobierno federal mediante la Secretaría de Economía.

De acuerdo con el Listado de beneficiarios del Prologyca, el 19 de noviembre de 2008, Confecciones Mazara obtuvo 1 millón 555 mil 950 pesos a través de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, para la comercialización de prendas de vestir. La gestión de los recursos se llevó a cabo en el Distrito Federal.

Otros 600 mil pesos le fueron asignados mediante el Fondo Pyme, con el proyecto FP2004-1 Seminario: Clusters de Innovación en México. Sumar Capacidades con Clientes, Proveedores, Universidades y Centros para que el Conocimiento Genere Ventajas Competitivas. La Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico fue la encargada de realizar los trámites para su transferencia, según consta en el listado oficial, cuya copia posee Contralínea.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) fue otro de los organismos federales que en 2008 beneficiaron a la empresa maquiladora de mezclilla. Ese año fueron aprobados dos proyectos por un total de 1 millón 861 mil 789 pesos, bajo los folios CMA900126M28-2008-1 y CMA900126M28-2008-2. En ambas aprobaciones se cataloga a Confecciones Mazara como una empresa "grande", lo que contraviene la entrega de miles de pesos del Fondo Pyme.

Los archivos electrónicos del Conacyt muestran que el primero de los incentivos, por 882 mil 168 pesos, comprende la "Investigación, diseño y desarrollo de un sistema para la automatización del proceso de producción, venta y distribución de productos textiles".

Pese a que en el primer proyecto se reportaba un avance del 95 por ciento para su conclusión, Confecciones Mazara obtuvo un segundo estímulo fiscal, por 979 mil 621 pesos, bajo el mismo concepto de desarrollo.

Los apoyos otorgados por la administración del guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, por más de 1.8 millones de pesos, representan el 57 por ciento del costo total del proyecto, que asciende a 3 millones 265 mil 403 pesos.

Contralínea 171 / 28 de Febrero de 2010


Educación en México, cada vez más pobre y desigual



Paulina Monroy







La marginación y la penuria educativa tienen a México en el lugar 55 en acceso a la educación a nivel mundial. Más de 34 millones de personas sufren rezago, analfabetismo o tienen apenas cuatro años de estudio. "Las poblaciones pobres reciben una educación pobre": relator especial de la ONU

En México, 34 millones de personas están en rezago educativo; 7 millones son analfabetas; 1.4 millones de niños no asisten a la escuela; más de 1 millón 324 mil tienen menos de cuatro años de estudio, y hay un número inestimable de analfabetas funcionales.

Cifras del relator especial sobre el Derecho a la Educación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) dan cuenta de la marginación y la penuria educativa.

El análisis Llegar a los marginados. Informe de seguimiento de la educación para todos 2010, de la UNESCO, identifica a quien está en la marginación educativa como quien no tiene acceso a los servicios escolares; mientras que aquel que está en la penuria educativa tiene menos de cuatro años de estudios y carece de conocimientos básicos en lectura, escritura y matemáticas.

A nivel mundial, México tiene el lugar 55 en el índice Educación para Todos, que mide el acceso a los servicios educativos. De acuerdo con el informe, tiene el lugar 65 en la cantidad de alumnos que alcanza el quinto grado, y el 66 en alfabetización para adultos. Mientras que en el acceso de las mujeres a la educación, está en la posición 58.

Vernor Muñoz Villalobos, relator especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, advierte que en México existen grandes asimetrías estructurales y desigualdad en la educación. El país "enfrenta dos grandes retos: abatir la exclusión que genera el propio sistema educativo y elevar la calidad".

Durante la presentación de los resultados preliminares de su evaluación, en su primera misión a México, apuntó que la exclusión de las oportunidades educativas tiene destinatarios muy precisos: "Las poblaciones pobres reciben una educación pobre".

Desigualdad y exclusión

El informe Llegar a los marginados. Informe de seguimiento de la educación para todos 2010 apunta que la desigualdad en el aprendizaje tiende a ser más amplia en los países de bajos ingresos.

Según expone el informe, el que se hable una lengua diferente a la oficial está asociado al bajo desempeño escolar. En México, la población indígena cursa tan sólo 1.5 años en la escuela, mientras que a nivel nacional el promedio alcanza los ocho años.

Ocho de cada 10 indígenas no cuentan con educación básica. La tasa de analfabetismo alcanza hasta al 50 por ciento de la población en las zonas rurales; sin embargo, de los 1.5 millones de indígenas en rezago educativo, sólo se atiende a 66 mil.

A diferencia del 17 por ciento de la población nacional que ingresa a la universidad, únicamente el 1 por ciento de los indígenas que cursan la primaria acceden a estudios a nivel superior.

En su visita a México, el relator especial sobre el Derecho a la Educación, Muñoz Villalobos, reconoció que pese a que el país ha reconocido formal y constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas, la eficacia educativa está por debajo de los estándares.

"El modelo educativo es insuficiente para el rescate y la potenciación de las culturas y las lenguas indígenas". Describió que éste deja sin oportunidades a la población de las zonas rurales o les ofrece opciones de baja calidad.

En los últimos años, abundó, el presupuesto para educación intercultural se ha reducido dramáticamente. Únicamente existen nueve universidades de este tipo.

El relator considera que la lucha contra la deserción y el rezago está relacionada con la necesidad de fortalecer la capacitación y la formación docente, la que "muchos expertos han calificado como primigenia, irregular e inconsistente".

Respecto de la situación de los jornaleros agrícolas, refirió que el 70 por ciento del total del rezago educativo proviene de estas familias. Alrededor de 1 millón de niños tienen dificultades para continuar con sus estudios. Por lo que Muñoz Villalobos llamó reforzar la boleta única y el Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes.

Respecto de la inclusión de los menores con discapacidad, el relator observó que la educación integradora y especial no termina de armonizar. Es necesario, comentó, traducir los compromisos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en normas locales.

"Detrás de esta situación de asimetría y desigualdad –expuso el relator–, hay un problema más estructural que tiene que ver con la ausencia de una política pública articulada y sistémica".

Para el relator, esta realidad contrasta con el principio de derechos humanos sobre el acceso universal a una educación de calidad. Por lo que "es fundamental que se fortalezcan los mecanismos de exigibilidad del derecho a la educación".

La desigualdad además se observa en el desempeño. De acuerdo con la UNESCO, los niños del 25 por ciento de las familias más ricas obtienen calificaciones en matemáticas entre 25 y 30 por ciento mayores que las de los niños que pertenecen al 25 por ciento de las familias más pobres.

Según el reporte, las mujeres mexicanas tienen de 1.5 a 1.7 veces más probabilidades de ser analfabetas que los hombres. En el caso de las mujeres que hablan una lengua indígena, hay 15 probabilidades más de ser analfabetas que aquellas que hablan español.

Al respecto, entre 1984 y 1994 había 6 mil 397 adultos analfabetas: 62 por ciento eran mujeres. Para el periodo comprendido entre 2000 y 2007, el porcentaje de mujeres analfabetas aumentó un punto. No obstante el rezago educativo, la Secretaría de Educación Pública destina únicamente 0.86 por ciento de su presupuesto a la educación para adultos.

El documento describe que los estados del sur del país tienen un pobre desempeño para combatir la desigualdad educativa. Mientras a nivel nacional, los jóvenes entre 17 y 22 años tienen un promedio de educación de ocho años, y en regiones como el Distrito Federal alcanzan hasta los 10 años; en Chiapas, la media oscila entre 5.7 y 6.6 años de escolaridad. Casi un cuarto de la población joven tiene poco más de cuatro años.

Deserción y bajo desempeño

Durante la presentación de los resultados preliminares de su evaluación, Muñoz Villalobos alegó que "más que contentarse con los estándares de matriculación en primaria, el Estado debe ocuparse con determinación en garantizar la trayectoria exitosa de las personas a lo largo del proceso educativo". Al respecto, mencionó que el promedio de éxito escolar es de apenas 8.5 años.

El informe Llegar a los marginados. Informe de seguimiento de la educación para todos 2010 señala que, en México, más del 40 por ciento de la población estudiantil que ha presentado la prueba Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes tiene un nivel uno o menor de lectura: "Luego de ocho años de escolaridad, esta población fue incapaz de demostrar niveles de lectura y escritura que alcanza la media en la primaria".

Aunque el país alcanza coberturas en primaria y secundaria del 98 y 92 por ciento, respectivamente, señaló el relator, de cada 100 niños que ingresan a primaria, sólo 66 terminan en tiempo normativo, 17 entran en la universidad y dos o tres en posgrado.

Cerca del 35 por ciento de los alumnos de educación media superior deserta. Ello, advierte el relator, se agrava con un sistema de examen único que conduce a un proceso selectivo y castiga a los que no tienen buenas oportunidades educativas".

Metas lejanas

La UNESCO advierte que millones de niños de los países más pobres del mundo corren el riesgo de verse privados de recibir educación como consecuencia de la crisis financiera.

El reporte Llegar a los marginados. Informe de seguimiento de la educación para todos 2010 anticipa que probablemente un gran número de naciones distará mucho de alcanzar las metas aprobadas por sus gobiernos en 2000, pues no erradican las desigualdades, y los países donantes no cumplen sus promesas.

"Las desigualdades extremas y persistentes debidas a la pobreza, la disparidad entre los sexos, la pertenencia étnica y el idioma frenan los progresos de la educación, despilfarran el potencial humano y socavan la prosperidad", observa el organismo.

A nivel mundial, estima la UNESCO, 72 millones de niños no asisten a la primara, como 71 millones de adolescentes no cursan el primer ciclo de secundaria. Señala que de persistir las tendencias actuales, en 2015 todavía habrá 56 millones de niños sin escolarizar.

Describe que las disparidades entre los sexos están profundamente arraigadas. En 28 países en desarrollo, por cada 10 varones en primaria, hay menos de nueve niñas. La población femenina representa todavía el 54 por ciento del total de niños sin escolarizar.

Además, señala, son escasos los avances para reducir a la mitad el analfabetismo entre los adultos, toda vez que 759 millones de personas no saben leer ni escribir. Identifica, además, a 22 países donde el 30 por ciento de los adultos jóvenes no llega a alcanzar los cuatro años de escolaridad.

El reporte calcula que se van a necesitar en todo el mundo 10 millones 300 mil docentes para lograr el objetivo de universalizar la enseñanza primaria de aquí hasta 2015.

Escasa ayuda de países ricos


La ayuda internacional, subraya la UNESCO, es una parte vital para alcanzar la educación para todos. América Latina y el Caribe reciben una parte relativamente pequeña del total de la asistencia oficial, alcanzando menos del 7 por ciento. Con la desaceleración económica de Estados Unidos, hay atrasos en los apoyos. México registra una caída del 10 por ciento.

Según el organismo internacional, los países donantes no han logrado cumplir la promesa formulada en 2000, según la cual, ningún país comprometido se vería frustrado, por falta de recursos, en su empeño por apoyar la educación en los países pobres.

En 2007, los compromisos de ayuda a la educación básica se redujeron en un 20 por ciento. El informe Llegar a los marginados. Informe de seguimiento de la educación para todos 2010 apunta que los presupuestos de los tres mayores donantes (Alemania, Francia y Japón) muestran una atención relativamente escasa.

La UNESCO expone que los países de ingresos bajos podrían por sí solos recaudar una suma adicional de 7 mil millones de dólares anuales para educación; no obstante, aun con ese esfuerzo, el déficit en 46 países suma 16 mil millones de dólares anuales, "que debe saldarse si se quieren alcanzar los objetivos principales de la Educación para Todos".

Kevin Watkins, director del informe, declara que "los países ricos han desplazado montañas de recursos financieros para estabilizar sus sistemas bancarios y proteger sus infraestructuras socioeconómicas vitales, pero sólo han prestado una ayuda muy modesta a los pobres del mundo".

El informe admite que, en una época de fuertes tensiones presupuestarias, el incremento de la ayuda va a resultar una empresa difícil para los países donantes; sin embargo, "tendrá que aumentar sustancialmente".

Políticas sugeridas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para contrarrestar la desigualdad educativa

1. Mejorar el acceso a la educación y hacerla más accesible, eliminando los gastos extraoficiales y ofreciendo incentivos específicos

2. Fortalecer el entorno de aprendizaje con maestros calificados y extendiendo la enseñanza intercultural bilingüe

3. Hacer extensivos los derechos y ofrecer más oportunidades, integrando las estrategias de educación en políticas más generales de lucha contra la marginación


Marginación y penuria educativa en México

Mexicanos en rezago educativo: 34 millones

Mexicanos analfabetas: 7 millones

Niños mexicanos que no asisten a la escuela: 1.4 millones

Mexicanos con menos de cuatro años de estudio: 1 millón 324 mil

Analfabetas funcionales en México: número inestimable

Población estudiantil mexicana en el nivel uno de lectura: 40 por ciento

Indígenas que no cuentan con educación básica: ocho de cada 10

Puntuaciones calificativas de los niños del 25 por ciento de las familias más pobres: entre 25 y 30 por ciento menores que las del resto de la sociedad

Las mujeres indígenas tienen 15 por ciento más de probabilidades de ser analfabetas

FAEB contribuye a la desigualdad

Aurora Loya Brandila, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, anota que las desigualdades educativas tienen su origen en las últimas modificaciones al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica para los estados (FAEB).

En 2007, los criterios en su distribución fueron reformados, pues se reparte de acuerdo con la matrícula escolar, que significa un 50 por ciento; el rezago educativo y la inversión estatal en educación, que significan cada una un 20 por ciento, y la calidad educativa, que significa un 10 por ciento.

Para la especialista en actores y políticas educativas, bajo estos factores, las entidades con el mayor rezago educativo están lejos de mejorar la calidad de sus servicios. Señala que no queda claro si el criterio de equidad, que favorecería a las entidades más rezagadas, se toma en cuenta. Por el contrario, "se favorece a los gobiernos que más contribuyen fiscalmente a la Federación. No toma en cuenta la necesidad de igualdad".

El FAEB representa más de 50 por ciento de las partidas presupuestales que destina la Federación a estados y municipios por medio del ramo 33. Sin embargo, mientras 20 entidades recibieron menos recursos del FAEB en 2008, en 2009 ese número se elevó a 23.

En opinión de Loyola Brandila, tienen que haber más recursos, no sólo económicos, para garantizar el acceso a la educación. Subraya que la educación está muy ligada a una mejor vida democrática y plural: "Ello está aceptado en el discurso, pero no se corresponde con los hechos. Garantizar que llegue por igual a todos es especialmente importante en este momento para contrarrestar el desánimo general que persiste. Puede ser un pivote para convertirnos en una sociedad más articulada". (PM)